# El problema, la desintermediación Las personas que controlan el suministro mundial de alimentos y la acción climática tangible están económicamente desempoderadas, con un impacto desproporcionado en los límites planetarios. Hay 1.600 millones de personas que viven en los bosques naturales del mundo (Newton et al. 2020). Como grupo social, colectivamente, constituyen una de las economías humanas más poderosas que trabaja a favor, o en contra, del futuro de los ecosistemas forestales. Los pequeños agricultores tienen un control significativo del suministro mundial de alimentos. Aproximadamente 600 millones de fincas en todo el mundo tienen menos de 2 ha y producen \~35% de los alimentos del mundo en volumen, a pesar de controlar solo alrededor del 12% de la tierra agrícola global (Lowder et al. 2021). En términos más amplios, las fincas a pequeña escala y familiares producen alrededor del 50% de las calorías alimentarias totales del mundo con \~30% de la tierra agrícola (Samberg et al. 2016; Houngbo, Foro Económico Mundial 2020). Los Pueblos Indígenas y las comunidades locales protegen el 40% del planeta intacto y el 22% de sus regiones biocríticas (ICCA Consortium 2021), un (estimado) 80% de la biodiversidad (Fernández-Llamazares et al. 2024), y reciben apenas <1% de la financiación climática (Gjefsen y Mongabay 2021). Las economías de los pequeños agricultores son únicas, tangibles y pragmáticas. Por lo general, realizan transacciones con una combinación de monedas físicas fiduciarias locales y capital social. En general, los pequeños agricultores tienen seguridad alimentaria parcial (FAO 2015), aunque la productividad laboral es menor y la pobreza financiera es común. Pero a menudo falta una comprensión explícita del valor económico de la seguridad alimentaria como un activo, faltando una comparación directa con las poblaciones urbanas desfavorecidas que no tienen acceso a la producción de alimentos. En todo el mundo, estos grupos suelen clasificarse por etnia (Indígena, Afrodescendiente, tribal o comunidad local). Pero la etnia, la cultura y la economía en la práctica suelen ser heterogéneas y fluidas. Savimbo a menudo considera más simple diferenciar a las comunidades entrantes por su estatus legal y económico en términos de colectivismo, soberanía y derechos sobre la tierra. Sí contamos con una historia significativa de negociación de mejores condiciones económicas, contratos, reparto de beneficios y poder equitativo en varios niveles para y con nuestras comunidades. Pero los detalles de la práctica del poscolonialismo en general quedan fuera del alcance de este capítulo. Baste decir que negociamos el poscolonialismo específicamente para los fines de la ciencia planetaria, y esa perspectiva atraviesa nuestras conclusiones (Funes 2022; IPCC 2023). Con humildad, dado que no somos antropólogos, nuestras comprensiones actuales basadas en la práctica, como socio empresarial comunitario que evalúa cada mes numerosas comunidades de base en todo el mundo, son las siguientes: #### Colectivismo: Algunas comunidades han dividido los derechos sobre la tierra en pequeñas parcelas con responsables individuales de la toma de decisiones, mientras que otras requieren la toma de decisiones colectiva. Existe un amplio espectro de proporciones entre la toma de decisiones individual y la colectiva en las comunidades en las que trabajamos, independientemente del estatus legal. Cuando es posible, y cuando se nos pide, fomentamos el colectivismo debido a su asociación con la protección ecológica (Herrera Arango 2018; Yang et al. 2024). Sin duda, lograr una decisión colectiva requiere más trabajo, pero desde nuestra perspectiva los beneficios superan con creces los costos. Uno de los beneficios inmediatos es incluir a mujeres y ancianos, que a menudo no están en el centro de las negociaciones iniciales con personas externas. Para nosotros, esto reduce significativamente el riesgo de los proyectos y hace que la economía sea más estable y equitativa. #### Soberanía: La diferencia entre la mayoría de las comunidades locales y los Pueblos Indígenas, así como algunas culturas afrodescendientes y tribales, es la soberanía nacional bajo el derecho internacional (International Labour Office 2003; Organización Internacional del Trabajo Oficina Regional para América Latina y el Caribe 2009). Estas comunidades son iguales a los Estados-nación modernos, también llamados «naciones anfitrionas», que las rodean o limitan, y a menudo compiten cultural y económicamente con ellos. A veces representan grandes partes de la población de un país. Mirar solo el estatus económico omite importantes diferenciadores legales, económicos, de derechos y de poder en juego que influyen fuertemente en la toma de decisiones económicas de las comunidades, su dependencia del dinero para subsistir, sus derechos sobre la tierra, el cumplimiento del CLPI y su poder de negociación. Desde el punto de vista económico, muchas comunidades locales están desfavorecidas en las estructuras económicas modernas. (Aunque no son siervos en sentido legal, muchas comunidades locales ocupan posiciones económicas neofeudales: formalmente libres, pero estructuralmente dependientes y limitadas en valor.) En contraste, los Pueblos Indígenas y sus contemporáneos son híbridos, plurales y estratégicos en sus elecciones económicas; no están categóricamente fuera de la modernidad, sino que interactúan con sus paradigmas de manera selectiva y utilitaria. Ambos pueden experimentar un bajo estatus socioeconómico, pero esto no debe asumirse, ya que es un factor independiente en las percepciones que tienen las comunidades de su propia “riqueza” y en su acceso al capital natural. #### Derechos sobre la tierra Los derechos sobre la tierra deben considerarse una capa de datos separada, aunque interconectada, de los datos de acción climática. Con frecuencia se confunden; el control de la tierra, los derechos de venta de créditos ecológicos sin doble contabilización y los derechos de reparto de beneficios deben separarse analíticamente. El control sobre la tierra no implica automáticamente un control indiscutido sobre el carbono, la biodiversidad u otros ingresos por servicios ecosistémicos. En la práctica, la viabilidad de un proyecto depende no solo del potencial biofísico, sino de si las comunidades poseen la autoridad legal, la capacidad contractual y la capacidad de gobernanza para entrar en transacciones ambientales a largo plazo. Para la agroforestería de pequeños productores e Indígena, esto significa que el análisis de derechos debe incluir al menos cinco capas: derechos consuetudinarios sobre la tierra, derechos legales sobre la tierra, derechos sobre atributos ambientales, gobernanza interna de la comunidad y consentimiento, y acuerdos de reparto de beneficios. Esto no es una consideración social secundaria, sino una variable central del diseño del proyecto, ya que una débil alineación de derechos puede socavar la permanencia, la validez de las reclamaciones y la distribución equitativa. Para simplificar, solo observaremos los derechos legales básicos sobre la tierra, divididos en tres categorías: derechos consuetudinarios, de tenencia y basados en la titularidad. Esto es fundamental para negociar pagos climáticos de sistemas agroforestales (AFS). Incluso cuando los propietarios de base tienen título, la mayoría de los pequeños agricultores solo pueden vender mediante insetting debido a las economías de escala. Los Pueblos Indígenas a menudo solo tienen derechos de tenencia o territoriales en lugar de derechos de titularidad, y quizá no tengan control sobre los derechos minerales, de agua o de aire en su territorio consuetudinario, lo que puede bloquear o interrumpir proyectos si la extracción gubernamental los supera. Solo los titulares de título pueden certificar y vender en los mercados, y los derechos de tenencia a menudo no son lo suficientemente largos para negociar una venta debido a restricciones de los certificadores (duración contractual de 30 a 100 años). Las reclamaciones de tierras conflictivas en distintos niveles de gobierno, así como los títulos desactualizados o duplicados, son comunes, especialmente en zonas con antecedentes de conflicto y desplazamiento debido a la violencia. Esto significa que la desigualdad existente en los derechos sobre la tierra se traslada directamente a la desigualdad en los mercados climáticos. Nuestros protocolos están diseñados y negociados para operar en parcelas de una hectárea, específicamente para incluir a los pequeños agricultores. Pero la mayor barrera estructural para la adopción y expansión de la agroforestería entre nuestras poblaciones objetivo es, sin duda, la capa de datos de derechos sobre la tierra. Para una comprensión más completa, cualificada y actualizada de estos tres factores, recomendamos encarecidamente el trabajo de Rights and Resources Initiative, que es una organización contemporánea de rápido movimiento, a la vanguardia de la definición de la equidad y la negociación de los derechos sobre la tierra en todo el mundo [(Rights and Resources Initiative)(Rights and Resources Initiative)](https://sciwheel.com/work/citation?ids=18625540\&pre=\&suf=\&sa=0). En particular, su trabajo sobre el Estándar de Derechos sobre la Tierra es considerado ampliamente por muchas de las comunidades con las que trabajamos como uno de sus negociadores más representativos e informados y como principios operativos definitivos. Economías de base El carbono fue el punto inicial de transacción incorrecto para estas poblaciones por dos razones (directamente relacionadas con las oportunidades de fraude financiero y la intermediación de mercado). Primero, es invisible; nadie puede visualizar directamente una tonelada de carbono, solo el material orgánico que lo alberga. La invisibilidad crea lagunas de verificación que el fraude aprovecha. Segundo, tiene plazos prolongados (2-5 años para la certificación del proyecto y la venta de créditos, requiriendo inversión inicial y título de propiedad) [(Buys et al. 2006)](https://sciwheel.com/work/citation?ids=14165620\&pre=\&suf=\&sa=0). Los plazos prolongados requieren una inversión inicial que capturan los intermediarios, exacerbando desigualdades ya arraigadas en el acceso desigual al capital. El carbono simplemente no respeta ni optimiza el pragmatismo y la inteligencia de las economías de base. Los pequeños agricultores y los Pueblos Indígenas tienen ciencias tangibles (diferentes expectativas de conocimiento epistemológico) y economías que ocurren en escalas de tiempo drásticamente reducidas (economías de más corto plazo) [(Buys et al. 2006; Hale 2006; Foley 2018; Boogaard 2021; Global Forest Coalition 2024)](https://sciwheel.com/work/citation?ids=14165620,16545595,16473535,2551241,18625554\&pre=\&pre=\&pre=\&pre=\&pre=\&suf=\&suf=\&suf=\&suf=\&suf=\&sa=0,0,0,0,0). Estas son preferencias culturales, paradigmas no menos valiosos que los paradigmas financieros del mundo industrial. Y, Savimbo sostendría con firmeza, estas preferencias quizá estén más alineadas con los resultados que realmente queremos. Así que las personas más importantes del mundo, para nuestros fines, son las menos incentivadas económicamente para trabajar en el problema. Pero, paradójicamente, sus incentivos podrían ser los más alineados con su solución real.

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